Propuestas para Mejorar el Anteproyecto de Ley de Pesca Recreativa

Claudio Meier Vargas
Depto. de Ingeniería Civil y Centro EULA-Chile
Universidad de Concepción

INTRODUCCIÓN

Se efectúa un diagnóstico sumario de las condiciones que han conllevado a la degradación de la mayoría de las pesquerías fluviales y lacustres de importancia en Chile, planteándose soluciones a nivel general, dentro de las restricciones que se han asumido en las discusiones del Anteproyecto.

Se discute luego el actual Anteproyecto de Ley de Pesca, y cómo éste, si bien en gran medida presenta significativos avances respecto de la presente situación, contiene también algunos artículos que no sólo no aseguran el cumplimiento de varios de sus objetivos más importantes, sino que van fundamentalmente en su propio desmedro.

Finalmente, se propone dos esquemas distintos para el financiamiento de la actividad de fiscalización. Si los pasajes del actual Anteproyecto relativos a este tema fuesen reemplazados por cualesquier de estos dos mecanismos, se vería facilitado el cumplimiento de todos los objetivos planteados para esta Ley, cumpliendo con las condiciones de contorno exigidas por la Autoridad, y satisfaciendo a la vez a la gran mayoría de los pescadores deportivos del país.

El primer mecanismo propuesto es el más recomendado, por ser similar a esquemas generales de gestión de pesquerías que han mostrado su eficacia en otros países donde los ríos son de acceso público. El segundo, menos recomendado, constituye un intento de mejora dentro del marco que se está considerando actualmente, al cual se ha llegado tras eliminar las polémicas conceciones. Este último constituye un sistema que no ha sido jamás probado.

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Las razones fundamentales que han causado la degradación de muchas pesquerías de agua dulce en Chile son de dos tipos:

1. Impactos ambientales: que pueden ser a nivel de cuenca de drenaje (por ejemplo, deforestación intensiva, uso de plaguicidas y fertilizantes, etc.) o directamente sobre los ríos (extracción de áridos y de caudales, construcción de represas y bocatomas, vertidos contaminantes, etc.) y lagos (vertidos de aguas servidas, eutrofización, manipulación de sus niveles, etc.).

2. Pesca excesiva: que se debe principalmente a la acción de pescadores furtivos o ilegales.

Si bien los impactos ambientales han sido fundamentales en la pérdida de varias pesquerías que se consideraban excepcionales hace algunas décadas (Laguna del Maule, Ríos Laja, Diguillín, Cautín, etc.), se plantea que el mayor problema radica en la sobrepesca por parte de pescadores furtivos, que ha afectado muchos ríos y lagos chilenos, algunos con ambientes prístinos, degradando notoriamente la calidad de la pesca (por ejemplo, ríos Cochrane, Calcurrupe, Toltén, y la mayoría de los lagos de la parte norte de la Xa Región).

Según lo anterior, cualquier solución que se quiera plantear para detener la actual espiral de degradación de nuestras pesquerías de agua dulce debe atacar estos dos puntos, controlando la sobrepesca mediante regulaciones efectivas, que se hagan cumplir, y cuidando a la vez de no seguir degradando los ambientes.

Lo más importante en esta estrategia es contar con una fiscalización adecuada de los cuerpos de agua que sostienen, o tienen el potencial para sostener, pesquerías de calidad. Como hay acuerdo en que el Estado no puede hacerse cargo de tal fiscalización, se introduce la necesidad de que los pescadores paguemos por tales servicios, y además de que privados puedan participar en la actividad de fiscalización.

EL ACTUAL ANTEPROYECTO

(Lea la última versión a octubre 2002 de: Anteproyecto (Sep/Oct 2002) - Subsecretaría de Pesca del Gobierno de Chile.)

El anteproyecto de ley, en su última versión, introduce muchos aspectos positivos en pro de lograr una mejor calidad de la pesca en Chile, como son la posibilidad de regular localmente las pesquerías, la creación de áreas donde se privilegia la actividad de pesca por sobre otras actividades económicas incompatibles, un mejor control de las actividades de siembra y repoblamiento, el desarrollo de planes de gestión de la pesquería, el establecimiento de caudales que permitan asegurar la sustentación de la pesquería frente a otros usos del aguas, etc. También queda en claro que se logra el objetivo de “fortalecer la participación regional”, ya que se descentraliza la toma de decisiones, entregándole mayores poderes a los Gobiernos Regionales y a los Directores Zonales de Pesca.

Sin embargo, el problema de cómo financiar la fiscalización en las áreas preferenciales es resuelto de una manera que deja mucho que desear, puesto que no satisface en lo más mínimo los dos otros objetivos principales que tiene la ley, como son el “fomentar la actividad de pesca recreativa” así como “las actividades económicas y turísticas asociadas”. Al contrario, algunos artículos de este proyecto crearían condiciones tendientes a desincentivar la pesca recreativa, lo que redundaría en menores ingresos por las actividades económicas directa e indirectamente relacionadas, sobre todo a nivel comunal y regional. Las razones principales son las siguientes:

1. Porque según el esquema propuesto, el acceso a las áreas preferenciales quedará vedado para la enorme mayoría de los pescadores chilenos (que suman varios cientos de miles, aunque sólo unos cincuenta mil obtengan licencia de pesca anualmente), por razones netamente económicas, esto es, porque no podrán pagar las tarifas diarias de acceso. Esto no sólo no fomenta la pesca recreativa, sino que además constituye una ofensa para la mayoría de los pescadores nacionales, ya que nos deja bruscamente fuera de las mejores aguas del país, las que, recordémoslo, han constituido dede siempre bienes nacionales de uso público.

2. Porque el crear un negocio con la fiscalización, en la forma en que se plantea en el anteproyecto actual, si bien puede ser altamente beneficioso para las arcas municipales (o al menos parecer serlo, en el corto plazo) y para el inversionista privado, disminuirá los flujos de turistas y el ingreso total hacia la comuna, además de concentrar tal mermado ingreso en menos personas (que tal vez ni siquiera sean residentes locales).

Además, sólo se satisface en forma parcial un cuarto objetivo de la Ley, cual es el “conservar las especies hidrobiológicas y proteger su ecosistema”, ya que no se contempla ningún mecanismo para fiscalizar y proteger las demás aguas, de acceso general, que quedan entonces sometidas a la misma degradación que se ha podido presenciar hasta la fecha en la gran mayoría de ríos y lagos.

DOS PROPUESTAS PARA FINANCIAR LA FISCALIZACIÓN

Lo que se necesita entonces son mecanismos que permitan asegurar el cumplimiento de los objetivos de conservación del recurso, pero incentivando a la vez la actividad de pesca recreacional, aumentando así los ingresos generados por el turismo. También es muy importante que tales mecanismos mantengan el costo de fiscalización de las aguas (que equivale al costo de proteger las pesquerías y los ambientes que las sustentan) en su mínimo valor, de modo de garantizar el acceso a todas las aguas dulces del país de todos los pescadores deportivos chilenos, siempre que estén dispuestos a cumplir con las regulaciones.

Se presenta a continuación dos propuestas que cumplen con tales preceptos, y que podrían insertarse en el Anteproyecto en vez de los mecanismos considerados hasta ahora para financiar la fiscalización. La primera constituye una fórmula que ha sido seguida con éxito en varios países, y se considera la mejor. La segunda se basa directamente en el texto actual, el que se intenta mejorar en pos de alcanzar de la mejor manera posible los objetivos de la Ley.

1. Gestión a nivel regional, con financiamiento mediante el pago de la licencia de pesca

Este esquema, que ha sido usado con éxito en muchos países con pesquerías de salmónidos similares a las nuestras, consiste en gestionar la pesca a un nivel intermedio, el que correspondería al gobierno regional (estatal en los EE.UU. de América, provincial en Canadá).

Las licencias de pesca serían entonces regionales, y al adquirir la licencia, se pagaría por una vez una cierta porción al fisco. Se podría luego agregar otras regiones, pagando el importe correspondiente (pero sin repetir el pago nacional, para el fisco). Las licencias anuales tendrían validez por un período fijo (desde Julio de un cierto año hasta Junio del año siguiente, por ejemplo, de modo de cubrir la temporada normal de pesca), y también habría licencias mensuales y semanales. Los precios serían diferenciados para chilenos (y extranjeros residentes en el país) y para turistas extranjeros. En relación con los precios actuales, las licencias deberían costar bastante más, sobre todo aquellas para extranjeros no-residentes, pero de todas formas estarían en rangos alcanzables para un chileno medio (por ejemplo, pensemos en valores en torno a, o levemente superiores a los $10.000 por región, en comparación con los poco más de $2.000 que se pagan hoy). Los precios y tipos de licencia serían fijados por cada región, las que podrían, por ejemplo, considerar la posibilidad de tener licencias para los locales ribereños, o bien licencias válidas sólo para pescar en las aguas de la comuna de residencia, etc.

De los fondos recaudados por la venta de licencias regionales, es decir, aquellos dineros que queden una vez que se haya descontado el aporte obligatorio al fisco, una porción menor (un 15%, por ejemplo) iría a un pozo nacional para fomentar la actividad en aquellas regiones menos visitadas por turistas, y el resto (un 85%, según el ejemplo dado) pasaría íntegramente a un fondo regional de fomento de la pesca recreativa. El dinero colectado anualmente por las regiones por concepto de venta de licencias (considerando las cifras actuales de licencias vendidas, pero con valores más razonables), estaría inicialmente en el rango entre quinientos y mil millones de pesos.

Tal fondo serviría entonces para elaborar los planes de manejo de las pesquerías, así como para fiscalizar los ríos y lagos de cada región. En el caso de no querer (o no poder) fiscalizar, el gobierno regional (o la autoridad regional que corresponda, tal vez el Director Zonal de Pesca) llamaría a licitación para proveer tal servicio, por una cantidad de dinero fija y conocida, ganando aquella empresa que logre satisfacer de la mejor manera la metas de fiscalización dadas en el plan de manejo, dados los recursos comprometidos. De los fondos asignados a fiscalización, una porción importante podría destinarse a las áreas preferenciales, pero también habría algún grado de inversión para proteger las áreas generales, de modo de no llegar a tener dos realidades diametralmente opuestas (áreas preferenciales bien cuidadas, con buena pesca, versus áreas generales degradadas), como sucedería con el actual texto.

El mecanismo aquí propuesto cumple con todos los objetivos planteados para esta Ley, y permitiría que la mayor parte de la población del país pueda continuar a disfrutar de la pesca recreativa. Podría insertarse sin mayores problemas dentro del actual Anteproyecto, en reemplazo de aquellos artículos relativos al financiamiento de la fiscalización, y no requeriría hacer ninguna figura legal para traspasar la administración de los ríos a las municipalidades.

2. Mejoramiento del anteproyecto actual, con respecto al financiamiento de la fiscalización

Una segunda propuesta consiste en hacer cambios al anteproyecto actual, en lo que se refiere al financiamiento de la fiscalización, de manera de salvar algunas de las críticas hechas anteriormente. Esta alternativa se consiera menos buena que la anterior.

En lo que respecta a los planes de manejo, es primordial que éstos sigan siendo elaborados a petición de, y financiados por, los gobiernos regionales, para que no recomienden exactamente lo que más le convenga a aquellos que pretendan ganar las licitaciones. También es menester incorporar las áreas generales en tales planes, aunque sea con un menor nivel de detalle, para ir planteando alternativas de fiscalización para éstas.

Es muy importante que la administración de las áreas preferenciales no se convierta en un negocio para la municipalidad, sino que en una oportunidad real de desarrollo para la comuna, que alcance a la mayor cantidad de gente. Desde este punto de vista, debe evitarse que aquellos que deseen obtener concesiones puedan tentar al concejo municipal con ofertas iniciales de dinero, o con un porcentaje de las entradas cobradas. Lo que se debe lograr es la obtención del mejor servicio de fiscalización posible, que cumpla con lo indicado en el plan de manejo respectivo al menor costo, esto es, con el menor cobro diario por entrar a pescar al área preferencial. Esto garantizará el acceso a la mayor cantidad de pescadores, lo que redundará en maximizar los ingresos por concepto de venida de turistas, llegando los dineros a mucha más gente dentro de la comuna.

En otras palabras, imitando lo que ocurre en el caso de las concesiones de carreteras, la fiscalización debiera otorgarse a la empresa más competitiva, esto es, aquella que logra cumplir con las bases técnicas impuestas en el plan de manejo, pero al menor costo para el usuario, el pescador.

CONCLUSIÓN

El Anteproyecto de Ley de pesca recreativa contiene varias medidas que permitirán mejorar notoriamente la gestión de pesquerías de agua dulce en Chile. Sin embargo, también considera, en su actual versión, algunos mecanismos de fiscalización que atentan contra sus objetivos más básicos. Para evitar este contrasentido, se recomienda cambiar los mecanismos de financiamiento de la fiscalización, de preferencia por la alternativa (1) aquí expuesta, o en su defecto, por la alternativa (2). Una Ley que regirá a los cientos de miles de chilenos que practican la pesca recreacional no puede estar supeditada a los fines de lucro de unas pocas personas, ni tampoco puede dejar a la gran mayoría de estos compatriotas fuera de las mejores aguas del país.